A raíz de la aprobación de las Leyes de “Reforma Judicial” impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Centro de Participación Ciudadana (CePaCi) expresa:
En principio, nuestra gran preocupación por el escaso debate y el poco tiempo invertido por el Parlamento Nacional para la discusión de proyectos legislativos que propone cambios tan profundos al andamiaje institucional de nuestro país. Cuando los temas en cuestión son de semejante importancia el debate debe ser amplio y democrático, siendo inclusivo de la mayor cantidad de voces y opiniones posibles de los distintos ámbitos de la vida política, social, académica y, en este caso, de los propios actores del poder judicial, tanto jueces, fiscales, defensores y abogados.
Asimismo, nos parece preocupante el sinnúmero de inconstitucionalidades que han sido señaladas por distintos juristas, organizaciones no gubernamentales y legisladores sobre temas tales como la elección popular de los jueces y abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura; una irrazonable restricción a las medidas cautelares que se dicten contra el Estado Nacional, que afectará a la independencia de los jueces para proteger los derechos humanos, individuales y sociales y el federalismo; y la irregular sustracción de materias administrativas y económico financieras de las atribuciones de la Corte Suprema.
Por otra parte, creemos que cualquier reforma que se haga sobre el poder judicial debe tener como principal objetivo el facilitar el acceso a la justicia y, claramente estos proyectos en ningún caso materializan dicho objetivo y a más, ponen escoyos en el proceso que encarecen y dilatan en el tiempo la obtención de una decisión judicial.
Mención aparte merece el proyecto de elección popular de consejeros que integrarán el Consejo de la Magistratura, el cual violenta cualquier interpretación de buena fe que pueda realizarse sobre el art. 114 de nuestra carta magna.
Es por ello que, atento las claras violaciones a los principios republicanos, al avance sobre las facultades del poder judicial, y poniendo en alto los principios que nos marca el preámbulo de nuestra constitución nacional de “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”, nos pronunciamos en contra del llamado paquete de leyes para la democratización de la justicia, proponiendo se encare un amplio debate para poder contribuir a la tarea de reformar la justicia en haras de un mejor cumplimiento de sus funciones, e instando a las autoridades a dar un debate amplio, democrático y a la altura del objetivo planteado.